Las cámaras de vigilancia de una tienda de ropa Marshalls, en Nueva York, capturaron el momento en que Raymond D. Stover entró a un probador con cuatro camisas y más tarde simuló que las devolvía. Lo que en realidad pasó es que puso en un estante cuatro playeras de bajo costo que llevaba debajo de su ropa y se robó las prendas del negocio. El mismo día fue a otra sucursal a “devolver” las cuatro camisas sin presentar un recibo de compra y le dieron una tarjeta con un crédito de 157 dólares.

Stover era un ratero profesional que usó la misma técnica para defraudar a las tiendas Marshalls y T.J. Maxx, recibiendo tarjetas que cambiaba por dinero en efectivo en casas de empeño y con personas que aceptaban su oferta. Entre mayo de 2014 y agosto de 2018, este neoyorquino de 36 años robó casi 150,000 dólares en mercancía en tiendas de la cadena TJX en varios estados, según la Fiscalía federal.

Antes que el gobierno tomara el caso, TJX gastó 19,000 dólares investigando estos robos. A finales de agosto, un juez federal lo sentenció a más de dos años de prisión y le ordenó pagarle 169,330 dólares a dicha cadena, sumando lo que hurtó y el costo de las averiguaciones que lo llevaron a la cárcel.

El llamado ‘crimen organizado minorista’ sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza de farmacias, supermercados y tiendas de ropa. Lo realizan grupos delictivos, ladrones solitarios y empleados. Representa una pérdida anual de 45,000 millones de dólares y durante la pandemia por el coronavirus ocurrieron incluso más incidentes.

Seis de cada diez negocios afirmaron que en 2020 fueron afectados por el robo hormiga, un incremento que atribuyen a la crisis sanitaria, concluye una reciente encuesta de la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

Casi 40% de los establecimientos encuestados dijeron que se habían visto un aumento en fraudes de compras en internet con la opción de recoger los artículos en las tiendas, el doble del 19% que lo experimentaron un año anterior. Mientras que el 28% respondió que vio más robos dentro de los establecimientos.

En general, la tasa de pérdida fue del 1.6% de todo su inventario. Los artículos más cotizados por los amantes de lo ajeno fueron ropa de diseñador (22%), detergente (17%), bolsos de diseñador, medicinas para alergias, rastrillos y licor costoso (15% cada producto), así como analgésicos (13%) y blanqueadores de dientes y fórmula para bebé (11%). Este último se usa también para rebajar droga.

También se llevan bebidas energéticas (9.3%), desodorantes (7.4%), anticonceptivos, aspiradoras caras, tabletas, computadoras portátiles, muebles y juguetes (5.6%). Varios de esos productos son vendidos en Amazon y en otros sitios electrónicos.

Las ciudades donde hubo mayores pérdidas por esta actividad ilícita son Los Ángeles, San Francisco/Oakland (California), Chicago (Illinois), Nueva York y Miami (Florida).

Los empleados ladrones

“Los minoristas han cambiado sus prácticas durante la pandemia para garantizar que sus empleados puedan trabajar en un entorno seguro y que sus clientes puedan comprar de manera segura, ya sea en tiendas, en internet o a través de vías como comprar en internet y recoger en la tienda”, dijo Mark Mathews, vicepresidente de investigación y análisis de la industria de la NRF, en un comunicado.

“Pero las nuevas formas de comprar también han abierto nuevas vías para la actividad delictiva. A medida que los minoristas se adaptan para abordar estas nuevas amenazas a la seguridad, la necesidad de apoyo federal es aún mayor para combatir estas actividades peligrosas y dañinas", agregó.

La mayoría de los establecimientos dijeron que invirtieron en más personal y tecnología para prevenir que los clientes se llevaran los productos sin pagar, según el sondeo de la NRF.

Un dato revelador es que fue incluso más elevado el costo promedio de las pérdidas por empleados deshonestos: 1,551 dólares, la segunda cifra más alta desde 2015, de acuerdo con la encuesta.

Aunque el año pasado hubo menos trabajadores que fueron sorprendidos robando, el monto fue mayor. La mitad de los negocios respondió que había perdido al menos 1,000 dólares por esa práctica ilegal, en comparación con el 29% en 2019.

Las empresas minoristas llevan varios años tratando de detener este delito, pero sus esfuerzos no siempre han sido bien recibidos por las autoridades. Fue el caso del programa llamado Corrective Education Company (CEC o Educación Correctiva de la Compañía) de la cadena Walmart, que llevaba a una habitación aislada a los clientes que sospechaba trataban de robarse algo.

Bajo la amenaza de llamarle a la Policía para procesarlos penalmente, obligaba a los sospechosos a ver un video creado por el CEC, firmar una confesión del delito, pagar hasta 500 dólares y someterse a un programa de “modificación de comportamiento” de seis horas. Si no pagaban lo acordado, los clientes recibían llamadas por parte de cobradores y cartas simulando que las había enviado una autoridad fiscal. Más de 13,000 californianos o el 90% de los detenidos en las tiendas se inscribieron al programa.

La Fiscalía de San Francisco lo catalogó como una “extorsión y un falso encarcelamiento” y presentó una demanda en noviembre de 2015. Mientras avanzaba el litigio, el gigante minorista anunció que había donado 200,000 dólares del CEC a un programa de mentoría del Departamento de Justicia que permitía que niños jugaran con miembros de agencias policiales.

No fue suficiente para ganar la demanda. En agosto de 2017, un juez de San Francisco falló a favor del gobierno y le ordenó a Walmart eliminar su polémica iniciativa antirobos.